España da el primer paso para reaprovechar el desperdicio de comida

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La ecuación parece sencilla: dar al necesitado lo que le sobra al que no lo está. Un gesto que, extendido al excedente de comida que se tira a la basura en hogares, supermercados, restaurantes y cadenas de restauración, multiplicaría sus efectos y podría taponar cualquier crisis alimentaria. Es lo que en buena medida se ha logrado en Italia, desde que en 2003 aprobase el proyecto Siticibo para donar a bancos de alimentos la comida sobrante. Con él han pasado de 88.000 raciones de comidas excedentes en 2005 a 1.560.000 en 2015, que se repartieron entre 8.100 instituciones benéficas. Un precedente que España puede tomar como ejemplo para desarrollar su «ley del Buen Samaritano», a la que el Congreso dio el primer empujón el pasado 29 de junio y que ahora debe seguir su tramitación parlamentaria.

FUENTE ABC

Lo que queda claro, al albur de las cifras que recientemente se expusieron en el Parlamento Europeo, es que el mundo está lleno de contrastes sin mucho sentido. De un lado, en abril de 2011 la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) avanzó que se pierde un tercio de la producción mundial de comida destinada a la alimentación humana. Esto son 1.300 millones de toneladas de comida, cada año, que se podrían reaprovechar, pero que van directamente al vertedero. El hecho es simultáneo –advirtió la FAO a la conciencia planetaria– a que haya más de mil millones de personas que sufren hambre en el mundo. Y aún añadió una disparidad más: una de cada seis personas en el mundo está pasando hambre, a la vez que 400 millones de personas padecen obesidad.
Ahí estaría la primera razón social para estimular el reaprovechamiento de los millones de toneladas que van a la basura. En el caso de España, son 7,7 millones de toneladas anuales, menos del 10% del desperdicio alimentario que se genera en la Unión Europea (UE), de acuerdo con datos de la Oficina de Eurostat. El nuestro es el séptimo país en el viejo continente que más desperdicia la comida, situándose detrás de Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia.

Consenso político

Solo naciones como Francia e Italia han auspiciado ya normativas, como la del citado proyecto Siticibo, dirigidas a reducir el volumen de desechos alimentarios. «Creemos que España está en el momento idóneo para coger la delantera en este campo. No llega tarde. Lo importante ahora es que acelere», comenta a ABC Octavio Llamas, presidente de Marcas de Restauración, en la que se enmarcan 36 cadenas de alimentación como Vips, Rodilla, McDonald’s y Telepizza, entre otras. Esta asociación de cadenas impulsó la ley del Buen Samaritano que el Grupo Parlamentario Popular presentó al Pleno del Congreso para su debate a finales de junio.

La iniciativa consiguió el apoyo mayoritario de todos los grupos políticos de la Cámara Baja. Lo que se pretende de momento con esta ley del Buen Samaritano es desarrollar un marco regulatorio jurídico para que las empresas y también los particulares puedan donar alimentos, mejorar la eficiencia del suministro y consumo de los mismos y reducir los niveles de despilfarro de comida, según señaló la portavoz adjunta de los populares en el Congreso, María Jesús Bonilla, en su presentación. Una vez aprobada la ley, que podría estar lista, como pronto, el próximo noviembre, se articularían medidas para hacerlo, a nivel autonómico y/o municipal, ya que la ley en principio tiene un solo punto y no contempla todo el procedimiento para el rescate de productos alimentarios frescos y cocinados.

En la normativa italiana, por ejemplo, también de un solo artículo, se reguló cómo monitorizar los alimentos delicados en la cadena del frío: los productos cocinados se deben mantener a una temperatura constante de entre 0 y 4 grados en el abatidor y después distribuirlo con furgonetas refrigeradas y cajas de polietileno termo.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se pronunció recientemente sobre esa ley del Buen Samaritano instando a la responsabilidad de las partes implicadas: «Nada es posible sin el compromiso de todos», subrayó, al tiempo que incidió en que el Gobierno puso en marcha su propia estrategia para reducir la cantidad de alimentos desechados en el año 2013.

Reducción del gas metano

A esa concienciación social que requiere la ley se uniría la medioambiental. Sirva una cadena de datos, ligados unos a otros: se estima que los 88 millones de toneladas de alimentos que se despilfarran en Europa cada año (unos 173 kilogramos por persona) se transformarán en 126 millones para el año 2020. Con esos alimentos se calcula que se podría dar de comer a 200 millones de personas.
En paralelo, hay que tener en cuenta que la descomposición de los restos de comida en vertederos es una fuente importante de emisiones de gas metano, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. El desperdicio de alimentos es responsable del 10% de las emisiones de gases en los países desarrollados. En concreto, la producción y eliminación de los millones de toneladas desperdiciados en la UE provoca la emisión de 170 millones de toneladas de CO2 y requiere el uso de 26 millones de toneladas de recursos. Parece inapelable, pues, que un marco que regule todo este proceso devendría en beneficio de todos.

Coste económico

El pasado 16 de mayo el Parlamento Europeo pidió a los Veintisiete que dejen de mirar a otro lado y adopten compromisos para reducir un 30% el desperdicio de alimentos para 2025 y a la mitad para 2030, además de facilitar todos los trámites para la donación de alimentos en buen estado.

A nivel global, el coste económico del desperdicio alimentario (basado en precios de origen del año 2009) se eleva a 750.000 millones de dólares o 657.800 millones de euros, una cifra equivalente al Producto Interior Bruto de Turquía o Suiza, según acreditan varios estudios internacionales. De uno de ellos, de la asociación americana FWRA, se desprende que el 65% de estos desechos alimentarios generados en Estados Unidos acaban en vertederos (o incineradoras), lo que implica un elevado coste también para el entorno.

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