La importancia del respeto a la legalidad en los estados democráticos.

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Nuestro espléndido escritor José Luís Olaizola, en su libro“La guerra del general Escobar “, ganador del premio planeta,  nos presenta a un coronel de la guardia civil de profundas convicciones religiosas que con su decidida actuación el 19  de julio de 1936 consiguió que no prosperase la sublevación militar en Barcelona. Pese a ser hijo de un héroe de la guerra de cuba y de tener una hija monja, un hijo falangista y dos hermanos también coroneles de la guardia civil, optó por la libertad de actuar conforme a su conciencia y al juramento prestado al gobierno republicano legalmente constituido.

Nuestra guerra fratricida colocó en ambos bandos a personas íntegras ante el juicio de su conciencia pues ambas partes contendientes defendían  sus razones y motivaciones, para ellos legítimas.

Pero, como todo conflicto armado, este de la guerra civil española tuvo su origen en los años precedentes y, por tanto, pudo haberse evitado si la actitud de determinadas fuerzas políticas hubiera discurrido por derroteros democráticos y de respeto a las leyes.

En el otoño de 1934, algunos dirigentes del PSOE y de otras organizaciones de izquierda articularon una revolución obrera, que se llevaría a cabo mediante la huelga general y, subordinada a esta, con una insurrección armada. Según el plan inicial, una vez que triunfase la revolución, se implantaría la dictadura del proletariado que, entre otros aspectos, disolvería todas las órdenes religiosas e incautaría sus bienes. El 4 de octubre, tres ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) entraron a formar parte del Gobierno. Por la noche, se declaró la huelga general revolucionaria. En Madrid tuvo un alto impacto, debido a que los huelguistas paralizaron los transportes y el abastecimiento de la población.

En cambio, no triunfó la acción insurreccional porque el Gobierno republicano, que conocía la posibilidad de que estallase el golpe, había decretado horas antes el estado de guerra, acuartelando a las tropas. De este modo, la acción armada en Madrid quedó reducida a algunas refriegas callejeras de las milicias paramilitares socialistas, que mostraron falta de recursos organizativos. Ya en la mañana del día 5, trataron de ocupar algunos centros neurálgicos de control del Estado, como el Ministerio de la Gobernación, y fueron rechazadas. El Gobierno situó retenes de soldados en lugares estratégicos de la capital, y poco a poco se regularizaron los abastecimientos y los demás servicios de los distritos. Durante unos días, se registraron enfrentamientos entre jóvenes falangistas y de la CEDA con las juventudes socialistas y comunistas; también se dio el paqueo, es decir, francotiradores que disparaban desde las azoteas o ventanas de los inmuebles, creando confusión en las calles, hasta que eran neutralizados por la policía.

Como había inseguridad, los militares, y también algunos jóvenes republicanos o monárquicos, se encargaron de conducir los tranvías y los taxis. La mayor parte del llamado Comité Revolucionario fue detenido el 8 de octubre. El día 12, se dio por concluida la huelga general en Madrid, con el saldo de catorce personas fallecidas en los enfrentamientos. El resto de España asistió también a diversos escenarios, algunos muy sangrientos. En Asturias, la revolución triunfó en la cuenca minera. Allí, el Ejército tardó tres semanas en controlar la situación. Al final, los daños humanos y materiales fueron enormes. Cuatrocientas doce personas habían muerto, de las cuales treinta y cuatro eran clérigos, asesinados por motivos religiosos.

Después de estos sucesos, el clima político y social empeoró, hasta el punto de que, entre octubre de 1934 y diciembre de 1935, se sucedieron cinco gobiernos. Además, la represión por la huelga general acentuó la polarización política entre las derechas y las izquierdas. Cada grupo político apuntaló su propia idea sobre lo que debía ser la República. Por ejemplo, el Bloque Nacional —que fue creado en diciembre de 1934 y que agrupó, sin integrarlos, a los carlistas y a los monárquicos alfonsinos— abogó por la instauración de una dictadura cívico-militar, que diera paso a un Estado nuevo de carácter corporativo y autoritario. Falange Española mantuvo su proyecto de creación de un Estado nacional-sindicalista. Y los partidos de izquierda buscaron modos de unión entre ellos para impedir el triunfo del fascismo. 

Sin esa revolución obrera de 1934 y otras actuaciones antidemocráticas posteriores, es muy posible que la situación no degenerara como lo hizo posteriormente y que culminó en la muerte  del diputado monárquico José Calvo Sotelo. En la madrugada del 13 de julio, un grupo que viajaba en un vehículo de la Guardia de Asalto, entre ellos un capitán de la Guardia Civil, fue a buscarle a su domicilio. Sería abatido a tiros minutos después. El asesinato de este político,  hombre familiar, de talante profundamente religioso y amante de la tradición y el orden, se convirtió en el antecedente inmediato del levantamiento militar, que ya estaba preparado muchos meses antes, y que dio comienzo a nuestra lamentable y fratricida Guerra Civil.

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