Algo falla en la lucha contra la violencia doméstica

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Si se dictan a miles las órdenes de protección, no hay quien las haga cumplir
Más allá del polémico trasfondo ideológico de la ley española contra la violencia de género, cada vez son más quienes critican su aplicación efectiva. También desde El País algunas voces cuestionan la eficacia de las órdenes de protección si se dictan a miles y la policía no puede vigilar su cumplimiento.

Fuente: El País

Algunos datos muestran por sí solos el poco éxito de la ley. De las 71 mujeres asesinadas en 2010 solo 20 habían denunciado a su futuro asesino. Además, de entre las 322.867 presentadas desde que está vigente la ley, un 69% corresponden a casos archivados, renuncias por parte de la denunciante a continuar con el proceso o sentencias absolutorias.

Precisamente el elevado número de denuncias es uno de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la ley. Muchos jueces se encuentran completamente desbordados, sobre todo los de los juzgados de lo penal, donde se tratan los asuntos menos graves, y en los que el número de condenas se queda en el 53% de los casos atendidos. No ocurre lo mismo en los juzgados provinciales, donde las condenas rozan el 90%.

En los primeros cinco años de aplicación de la Ley contra la Violencia de Género se solicitaron en los juzgados 193.067 órdenes de protección y se concedieron 140.936

Cuando hay una orden de alejamiento, el problema le sobreviene a la policía, incapaz de atender el ingente número de mujeres protegidas. Algunos expertos creen que la eficacia de las órdenes de protección ha disminuido por su masiva aplicación. Además, pocos de los juzgados especializados en violencia doméstica cuenta con equipos de psicólogos que puedan discriminar las situaciones de riesgo real de las demás. Además, la legislación española es especialmente dura, y contempla una amplia tipificación; y eso que España es uno de los países de Europa donde, proporcionalmente, menos crímenes de este tipo se producen.

La otra cara del problema no es de orden legal, sino psicológico. Por un lado, son las propias denunciantes las que muchas veces incumplen la orden de alejamiento, bien por vinculación emocional con el defendido o bien por dependencia económica. Por otro, al maltratador grave no le importa mucho ni la condena –muchos se suicidan después del crimen– ni la orden de protección.

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