Ante la cumbre del G20

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¡Sin secretos no hay paraísos!
Andorra, Mónaco, Liechtenstein, Islas Caimán y otras decenas de lugares paradisíacos para las finanzas están en el punto de mira de los gobiernos de la OCDE. En la cumbre del G20 del próximo 2 de abril, los grandes de este mundo prometen meter en cintura a los paraísos fiscales.

(Aceprensa) En la economía de la OCDE, caracterizada por altos impuestos y donde engañar al fisco es el único pecado capital en vigor, los paraísos fiscales y los centros offshore se han convertido en excepciones escandalosas. Allí los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios son casi nulos –sobre todo para los no residentes–, la falta de transparencia es la norma y la reticencia a comunicar la menor información a una autoridad extranjera se considera un signo de virtud.

No es de extrañar que se acuse a los paraísos fiscales de fomentar el fraude fiscal gracias a un celoso secreto bancario y de permitir que por allí circule tanto el dinero limpio como el que necesita ser blanqueado. Las cuentas en Suiza, en las Bermudas o en Vanuatu sirven de refugio a capitales amasados por dictadores y financieros poco recomendables.

A estos tradicionales reproches, se agrega ahora la responsabilidad en la crisis económica actual. Muchos de esos productos financieros tóxicos de las “finanzas casino” habrían sido creados o habrían transitado por estas plazas fuertes y discretas.

¿Qué muestras de arrepentimiento tendrán que dar estos paraísos fiscales si no quieren aparecer en la lista negra de intratables? La clave es la transparencia: tendrán que levantar el secreto bancario en caso de investigación administrativa o judicial. Los que no cooperen corren el riesgo de sufrir sanciones. Una propuesta de ley en el Senado de EE.UU. prevé también retirar las licencias bancarias a los bancos que no colaboren para investigar el fraude fiscal.

En suma, se trata de echar de los paraísos fiscales a todos esos pecadores de las finanzas. Alertados por este nuevo tono, plazas como Singapur y Hong Kong han anunciado proyectos de ley para cambiar sus prácticas fiscales, más laxas que las de otros países desarrollados. Suiza ha aprobado intercambiar información cuando existen sospechas “concretas y justificadas” de evasión fiscal. Andorra y Liechtenstein van a suavizar sus normas de secreto bancario.

No está claro si habrá suficiente voluntad política para llevar a la práctica las amenazas contra los que quieren vivir al margen de la legalidad internacional. Pero es significativo que en el campo de la regulación financiera internacional la respuesta no haya sido poner el listón al nivel más bajo sino exigir a los más laxos que eleven el suyo.

No bajar el listón

Este tipo de reacción sería también la más adecuada en otros campos donde es preciso no rebajar los estándares éticos. Es verdad que en países como India y EE.UU. los “úteros de alquiler” no están prohibidos, lo que permite que parejas extranjeras vayan allí con su tarjeta de crédito para volver con un niño de encargo. Pero eso no quiere decir que haya que “normalizar” en otros sitios tales prácticas, que mercantilizan el cuerpo humano más que el turismo sexual.

En otros variados campos de la biomedicina (clonación, experimentación con células madre embrionarias, criba selectiva de embriones…) no es raro oír el argumento de que, si no lo autorizamos, los investigadores se irán a hacerlo a los países donde está permitido y quedaremos rezagados. Pero, aparte de que existen otros caminos técnicos para avanzar en estos campos –como se ha demostrado por la mayor utilidad de las células madre adultas–, hay que preguntarse también si los que progresan con esa falta de escrúpulos no están quedándose rezagados desde el punto de vista ético. Esos “paraísos bioéticos” no son más respetables que los fiscales.

También ahora el gobierno español plantea la reforma de la ley del aborto como si se tratara de asimilarla a lo que es habitual en el entorno europeo. Pero la legislación comparada revela que la propuesta se sitúa en el extremo. Un plazo de 14 semanas sin justificación y de hasta 22 semanas bajo ciertas indicaciones –entre las que vuelve a incluirse el coladero de riesgo para la salud psíquica– , significa que el aborto es libre en la práctica hasta la semana 22, cuando el feto está a punto de ser viable. Este plazo solo es superado en Europa por Holanda y Reino Unido, con 24 semanas. ¿Volverá a valer el argumento de que “si no, se irán fuera a abortar”?

Durante demasiado tiempo, los paraísos fiscales han sido tolerados en nombre de la libre circulación de capitales, la necesaria concurrencia entre empresas y la disminución del papel del Estado y del peso de los impuestos. Pero la tolerancia ha resultado un estímulo para el fraude.

También en el campo de la biomedicina se invoca la libertad de investigación, el temor al éxodo de científicos y los posibles descubrimientos terapéuticos para justificar menos regulación ética. Pero la sola autorregulación de los investigadores no tiene por qué dar mejores resultados que la de los financieros.

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