Hoy, se efectúa en España un aborto cada cuatro minutos y medio, y con el estreno de Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, se asume una tendencia al alta.
Según un informe del Instituto de política familiar, España superará en 2015 el umbral de los 150.000 abortos anuales. Actualmente arroja la cifra de 114.484. Es decir, que será el país de la UE con mayor número de abortos, junto a Francia y Reino Unido.
Esta dramáticamente injusta ley, que margina al padre, incluye la exigencia de enseñar a practicar abortos a los alumnos de medicina.
El 7 de marzo, la manifestación popular en el centro de Madrid y las concentraciones en toda España mostraron su defensa de los niños por nacer y sus madres. Hace un año, medio millón de personas se echaron a las calles de Madrid; en octubre, fueron un millón. Igualmente más de un millón de personas firmó la petición de retirada de la normativa sobre el aborto.
Las más prestigiosas universidades españolas como la de Navarra, San Pablo CEU, Universidad Católica de Valencia, Universidad Internacional de Cataluña, Universidad Francisco de Vitoria…, expresan su negativa a incorporar las técnicas abortivas a la educación, contrarias a la libertad de cátedra y a los principios médicos.
La Conferencia Episcopal Española, representante de todos los católicos españoles, religión a la que se confiesa en su gran mayoría el pueblo español, ha lanzado una nueva campaña contra la ley del aborto, bajo el lema: ¡Es mi vida!… Está en tus manos.
La mayoría de los ginecólogos defienden que no quieren acabar con la vida de sus pacientes más pequeños, ni destrozar la vida de las mujeres, arrancándoles sus hijos de sus entrañas.
Socialistas por la Vida, también están en desacuerdo con la reciente reforma del aborto, y partidos representados en el Parlamento están claramente a favor de toda vida humana en todas sus etapas.
Es decir que la mayor parte de España dice que no al aborto. Entonces, ¿por qué se legisla de espaldas a los españoles?
En democracia se escucha al pueblo, por lo tanto esta ley debe ser derogada, elaborándose otras que protejan el derecho a vivir y el derecho a ser madre, amparando la vida en todo momento y ayudando a las mujeres embarazadas.