Cifuentes denunció ante la Fiscalía al director del colegio Juan Pablo II tras las presiones LGTB

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La ley LGTB de Cifuentes comienzó la persecución  a finales de octubre pasado pues la Fiscalía investigará al director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Mártinez, por la carta que envió a las familias de cara al inicio de curso en la que alertaba de los peligros de la ideología de género.

Y lo hará después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, haya presentado una denuncia para que el centro sea investigado por si ha vulnerado la ley aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado mes de julio.

Peligra el concierto del colegio católico

twitter-cifuentesLa viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, María José García Patrón, ha llevado la carta del director a la Fiscalía y ha asegurado que “si esta investigación termina en que hay responsabilidades se pondrá la correspondiente infracción”.

Además, añade que “el profesorado de los centros concertados atiende al estatuto de los trabajadores. En estos centros también los actos de discriminación por razón de orientación sexual y LGTBfobia, si son llevados a cabo por el titular del centro, es de aplicación el artículo 62.2 de la LOE, que asegura que es causa de incumplimiento grave lesionar los derechos reconocidos en la Constitución, en los artículos 16 y 20”.

La consecuencia de todo esto es que el colegio Juan Pablo II pierda el concierto económico, que era precisamente lo que exigía la organización LGTB Arcópoli, que fue la que llevó a cabo la primera denuncia sobre la carta de Carlos Martínez.

La Comunidad de Madrid sigue la estela de Arcópoli

Esta asociación es la misma que ya denunció a la ‘coach’ Elena Lorenzo, la mujer que trabaja con personas que quieren cambiar sus sentimientos homosexuales. También son los responsables de la campaña contra el propio alcalde de Alcorcón, David Pérez, al que acusaron de homofobia.

Sin embargo, lo más grave es que la Comunidad de Madrid ha comprado sin más los argumentos del lobby Arcópoli sobre el colegio católico de Alcorcón y sin parar a pensar si realmente vulnera o no la ley.

¿Qué decía la carta?

La denuncia acusa al director de discriminación pero en realidad lo que hace la carta es criticar por separado dos ideologías: la ideología de género y el islamismo.

El texto animaba a las familias -que buscan un ideario cristiano para sus hijos- a enseñar a los niños que el “Islam o la ideología de género no son más que otros programas humanos […] y son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso”. Es un despropósito, dice la carta, “pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones”. Y añadía la frase que más repiten los opositores al colegio católico: “El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”, asegura.

En la misma carta el colegio adjuntaba una copia de las reflexiones de los obispos de Getafe y de Alcalá sobre la ley de género madrileña: los prelados usan 4 veces la palabra “totalitaria” o “totalitario” para analizarla.

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