El aborto socava los derechos de las minorías

(ABC, 16/08/2009). Jesús Javier Sánchez Barricarte
 
Muchos estados «democráticos» disfrazan su discurso de humanismo y solidaridad  promocionando  eventos como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) o con minusvalías específicas (síndrome de Down; espina bífida, etcétera). Hace unos meses tuvimos la ocasión de oír al presidente Zapatero en un programa de televisión expresar su apoyo a una joven con síndrome de Down diciéndole: «Sería un honor para mí que pudieras trabajar en la Administración». Con estas celebraciones y declaraciones se pretende reconocer públicamente la dignidad y el valor de estas personas así como transmitir la idea de que la sociedad y los poderes públicos no dejan de lado a los más débiles.

Sin embargo, estas manifestaciones son tan sólo pura mercadotecnia electoralista. La realidad que hay de fondo es bien diferente e infinitamente más triste. De la misma manera que el nazismo medía la dignidad de las personas en función de determinadas características (lo que costó la vida a millones de judíos, gitanos, homosexuales y discapacitados), casi todas las denominadas sociedades «avanzadas» occidentales protegen al nasciturus de diferente manera en función de sus cualidades físicas y psíquicas.

 En el año 2007, en España se abortaron 3.265 fetos a los que se les detectó algún problema. En la actualidad, más del 90 por ciento de las parejas españolas (y de gran parte de Europa) que saben que su hijo padece el síndrome de Down optan por abortarlo. Las estadísticas oficiales son indiscutibles: desde la aprobación de la ley del Aborto en España, cada año nace un porcentaje menor de niños con discapacidades porque se les elimina sistemáticamente antes de nacer. En muchos países, incluso, se abortan a los que tienen leves anomalías como el labio leporino, pequeñas deformidades en los pies fácilmente corregibles (e. g. pie zambo) o, simplemente, les falta medio brazo. De nada sirve apoyar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad si a la vez no se protege su derecho más básico (el derecho a la vida) y se permite su eliminación, incluso hasta el mismo momento antes de nacer.

Se podrá intentar ocultar la gravedad moral de estos hechos inventando auténticos disparates anticientíficos como la ocurrencia de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, cuando definió a los fetos como «seres vivos no humanos». Se podrá argumentar una falsa compasión diciendo que se les aborta para evitarles una vida de sufrimiento, pero la realidad es que las leyes del aborto, imbuidas de un feroz espíritu eugenésico, niegan el derecho a la vida a quienes padecen alguna discapacidad.
Aunque algunos arguyen que no se debe imponer la maternidad/paternidad a una pareja que espere un niño, en todo caso, ha de quedar claro que ningún acuerdo internacional otorga a los padres el derecho a disponer de la vida de sus hijos. Al contrario, son muchos los tratados internacionales que defienden el derecho básico a la vida de todos (incluidas las personas con discapacidades).

En la Declaración de los Derechos del Niños, proclamada por la ONU en 1959, se reconoce explícitamente en su preámbulo que «el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento». Sin embargo, durante la presidencia de Zapatero, en la página web del Ministerio de Sanidad donde se recoge esta declaración, curiosamente, se ha eliminado este preámbulo. Esto no es un mero descuido sino que demuestra el verdadero «talante» y los intereses del partido que despenalizó el aborto en España.

Más aún, el artículo 8 de la mencionada Declaración dice: «El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro». Es decir, en caso de conflicto de intereses entre los adultos y los pequeños, estos últimos tendrán siempre preferencia. Por lo tanto, el interés de los niños (¡especialmente su derecho básico a la vida!) ha de estar siempre por encima del deseo de los padres a terminar con un embarazo.
Los avances de la medicina genética nos permiten saber con mayor certeza si un niño va a tener determinadas características, cualidades o capacidades. En la actualidad se hace uso del aborto para deshacerse de la mayor parte de los fetos a los que se les detecta alguna anomalía, pero con la nueva ley de plazos que se quiere aprobar en España, se podrá abortar libremente por motivos tan triviales como, por ejemplo, que la criatura no sea del sexo deseado o no vaya a tener los ojos azules.

Hace un año, un grupo de científicos australianos de la Universidad de Monash descubrió el gen de la transexualidad. Esto significa que, en poco tiempo, se desarrollará un test barato que permitirá a los padres saber si el niño que esperan va a ser o no transexual y, por lo tanto, con la nueva legislación podrán decidir si abortarlo o no sin dar ninguna explicación. Existen serios estudios científicos que apuntan la posibilidad de que la homosexualidad pudiera tener también una base biológica. Si algún día se llegaran a descubrir los genes (o los procesos biológicos) responsables de la orientación sexual de las personas, los países con leyes de plazos del aborto abrirían la puerta a la posibilidad de que los padres pudieran decidir libremente eliminar los fetos de quienes se supiera que fueran a ser gais o lesbianas.

El premio Nobel de Literatura, Imre Kerstész, que estuvo interno en el campo de concentración de Auschwitz, ya advirtió: «Que sucediera una vez significa que existe la posibilidad de que se repita». No tengo dudas de que, en el futuro, se abortarán a los niños transexuales y homosexuales (¡y no solamente en Irán!) a menos de que haya una vuelta al sentido común y la racionalidad y se proteja el derecho de toda vida humana también durante la fase fetal. James Watson, premio Nobel de Medicina en 1962 por descubrir el ADN, exigió en 1997 que una mujer tuviera derecho a abortar si los análisis preparto mostraban que su hijo iba a ser homosexual. Sus deseos, me temo, no están lejos de hacerse realidad.

Dicho esto, tengo que reconocer mi admiración por la habilidad que demuestran las fuerzas políticas de izquierda para disfrazar de progresismo leyes que son profundamente retrógradas. Se presentan las leyes del aborto como liberalizadoras de la mujer cuando, en realidad, las estadísticas internacionales indican que son ellas las principales perjudicadas (en toda Asia se aborta un porcentaje desproporcionadamente mayor de niñas y las mujeres son las únicas sufridoras del síndrome post-parto). La Federación Española de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) y la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) han hecho públicos varios comunicados donde apoyan entusiásticamente la despenalización del aborto ignorando irresponsablemente que son precisamente las personas a las que representan las principales potenciales víctimas de estas leyes.

Mucha gente se deja seducir por el falso progresismo de las leyes del aborto y llega a considerar como un derecho lo que en realidad es un profundo fracaso.
Nunca podrá avanzar una sociedad que no respete los derechos fundamentales de las personas, y el derecho a la vida (¡también la de los discapacitados, mujeres, transexuales y homosexuales!) es el derecho más básico sobre el que se asientan todos los demás. Gran parte de la responsabilidad del fracaso del aborto ha de recaer necesariamente en las autoridades políticas que no diseñan verdaderas medidas de apoyo a la infancia y a las familias. En el fondo, cuando de facto sólo se ofrece la alternativa del aborto, se está coartando la verdadera libertad a la maternidad. Ésta y no otra es la razón por la que las mujeres inmigrantes en España tienen unas tasas de aborto seis veces superiores a las de las españolas. Los estados con leyes abortistas hacen dejación de una de sus obligaciones más elementales: amparar y ayudar a los más débiles de la sociedad. Solamente si se socializan los costes de la maternidad y no dejamos solas a las mujeres podremos dignificar el papel de éstas en nuestra sociedad. Terminar con 42 millones de abortos al año en el mundo necesariamente exige la ayuda solidaria de todos para acoger la nueva vida.