El Real decreto de control de horarios de los trabajadores: la justicia en el ámbito laboral

A partir del 12 de mayo de 2019 entró en vigor el nuevo Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. que ya está produciendo los primeros efectos positivos, obligando al empresariado, especialmente en la hostelería a que sus trabajadores no sobrepasen las ocho horas diarias. La justicia laboral debe ser conseguida en todos los ámbitos.

Algunas claves de esta nueva normativa son:

-La empresa deberá registrar diariamente la jornada de cada trabajador indicando entrada y salida, sin perjuicio de flexibilidad horaria.

-Asimismo los empleados deben conocer con detalle la duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo y su horario laboral.

-Los empleados están obligados a fichar en horarios de descanso.

El hombre trabaja con otros hombres, construyendo un entramado laboral y social que se extiende en círculos progresivamente más amplios: quien produce una cosa suele hacerlo en equipo y con vistas a que otros puedan disfrutar de ella. La necesidad de trabajar exige cierta propiedad privada, precisamente para asegurar la autonomía personal y familiar. Por la misma razón, el gobernante deberá empeñarse en hacer cumplir una legislación laboral que defienda el derecho al salario justo, sin dejar la determinación de los contratos a la mera voluntad de las partes. De lo contrario, situaciones de extrema necesidad llevarían a aceptar cualquier condición laboral, y serían fuente de abusos y violencias.

Todo salario debe ser justo, es decir, suficiente para sostener dignamente al trabajador y a su familia. También ha de ser justa la legislación sobre el trabajo de menores, sobre horarios, seguridad e higiene. En este terreno, como en otros muchos, una correcta aplicación de la justicia distributiva consistirá en un mayor apoyo de la autoridad política a los ciudadanos más indefensos: nos referimos a esa forma fundamental de solidaridad que se ejerce por medio de la previsión social, las pensiones, los seguros de enfermedad y de accidentes. Asegurar un salario digno para todos requiere, por parte del Estado, el esfuerzo de ofrecer una adecuada cualificación laboral, y la vigilancia para no permitir fenómenos de explotación. También debe el Estado procurar que la oferta de oportunidades de trabajo sea suficiente y, de no serlo, ofrecer al trabajador en paro un subsidio que cubra sus necesidades mínimas.

Esto debería ser así, pero son muchos los millones de seres humanos que carecen de la capacitación mínima para participar con cierto protagonismo en un sistema de empresa. Marginados de hecho, el desarrollo social se realiza sin ellos, lejos también de su alcance. A veces se trata de muchedumbres impotentes para resistir la competencia de métodos, productos y estilos de vida sofisticados. Empujados por la necesidad y ofuscados por los brillos de una sociedad opulenta, esos grupos menos favorecidos suelen formar bolsas de pobreza y marginación en las grandes urbes de todo el mundo. No nos referimos solamente al Tercer Mundo. A pesar del progreso tecnológico y económico de las sociedades avanzadas, las injusticias de lo que se llamó «capitalismo salvaje» están lejos de haber desaparecido en su seno. Con un agravante típicamente moderno: a la carencia de recursos materiales se suma, en los menos favorecidos, una falta de conocimientos que les impide salir de su humillante dependencia.

Las situaciones descritas justifican la labor de sindicatos y asociaciones laborales: una vasta tarea en defensa de los derechos de los trabajadores, de su dignidad personal. Es un deber moral la lucha justa contra métodos económicos que consolidan el predominio absoluto del capital y los monopolios de los medios de producción. No se trata de sustituir el modelo capitalista por el socialista –que con frecuencia es un capitalismo de Estado–, sino de construir la sociedad sobre el trabajo libre y la participación en la empresa. Tampoco se trata de abolir el libre mercado, sino de ejercer un control estatal y social sobre el mismo.