Los datos oficiales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran una tendencia al alza respecto a los delitos por agresiones sexuales en España. En 2017 fueron condenadas por esta infracción 387 personas, pasando a 428 en 2019, cifra que se repitió en 2020, y que aumentó en 63 personas el pasado año.
De las 491 personas que fueron condenadas en 2021 por estos delitos de agresión sexual, 267 tienen nacionalidad española, lo que significa un 54 %, y 224 son extranjeros, es decir, el 46 %. Esto se traduce en que en España han sido agredidas 29 mujeres por cada millón de extranjeros, por 5 mujeres por cada millón de españoles. Y esto no es porque los extranjeros sean más proclives a violentar a las mujeres. La mayoría de los extranjeros que entran en España a lo único que vienen es a encontrar una vida mejor y a estar en una sociedad de ventajas respecto a sus países de origen, si no las tuvieran no vendrían. Pero resulta que dentro de esta gente hay un porcentaje que trae violencia contra la mujer. Violencia, por cierto, que sufren principalmente los extranjeros que si vienen a labrarse un futuro mejor, y que por consideraciones socio económicas se ven obligados a compartir barrio con estos indeseables, con lo que los extranjeros son las principales víctimas. Si están al lado de estos transgresores, tienen más probabilidades de sufrirlos.
Según el Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres, existen también otros factores que influyen en esta mayor exposición de las mujeres inmigrantes a la violencia de género. Si en algunos de los lugares de origen las desigualdades entre hombres y mujeres son más manifiestas, origina que el recurso a la violencia se revista de normalidad para los agresores y para las víctimas. Otro factor es el desconocimiento de que las situaciones de violencia vividas ya en su país son constitutivas de delito en el país de acogida, lo que dificulta que la mujer salga de su estado de aislamiento y dé el difícil paso de la denuncia.
Estos preocupantes datos estadísticos sobre las agresiones sexuales en España, ponen de manifiesto la incapacidad del Ministerio de Igualdad, presidido por Irene Montero, que lejos de disminuir están aumentando, además a gran velocidad, en concreto el 34% desde que es ministra. Y esto a pesar de ser el Ministerio de Igualdad un pozo sin fondo que no ha dejado de pedir más presupuesto para sus políticas en defensa de la mujer, como los 140 millones de euros que acaba de solicitar Irene Montero para un departamento que acumula ya un gasto directo de mil millones en dos años. Eso sí, dado el fracaso multimillonario de su Ministerio, pide con discreción ayuda a la Policía, cuando aseguraba en público que esta no es la solución.
Y ahora a su mala gestión debemos añadir el fracaso de su proyecto estrella: la “ley del solo sí es sí”, una chapuza legislativa que acaba de entrar en vigor y con la que varios violadores están viendo rebajadas sus condenas y algunos salen de la cárcel. Además con la advertencia de los tribunales del efecto llamada de decenas de peticiones de revisión de las condenas durante los próximos meses.
El motivo, como supieron ver toda clase de juristas, es que al fundirse los delitos de abuso y agresión sexual en uno solo, de agresión, la pena mínima por agresión quedaba reducida respecto al delito anterior, y bastaría solicitar la rebaja retroactiva para adecuarla al nuevo tipo penal, un argumento que Montero tachó de machista, afirmando que no iba a ocurrir lo que sí ha ocurrido.
De momento, la ley que iba a salvar a las mujeres de la violencia sexual ha dejado libres a violadores que todavía tendrían que cumplir condena con la ley anterior. Y para colmo de despropósitos, la ministra de Igualdad llama “machistas” a los jueces y los culpó de no cumplir con la ley del sí es sí. A esto debemos añadir su falta de autocrítica y la imposición de un ideario y de una doctrina que la inmensa mayoría de la ciudadanía no comparte, incluidas las mujeres.
Tras conocerse las rebajas de penas a algunos condenados por delitos sexuales y las declaraciones de Montero, una parte de feministas socialistas y tres asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han reclamado su dimisión.
Si en una empresa resulta que los resultados son negativos, lo más probable es que a ese director de la empresa los accionistas le despidan. Algo estará haciendo mal. Bueno, pues aquí tenemos una ministra, la señora Montero, con la que las violaciones están aumentando alarmantemente y que con su ley del si es si pone antes en la calle a los condenados por este delito, faltando el respeto a los jueces. ¿Perderá su puesto ante su manifiesta incompetencia?
La violencia contra las mujeres es actualmente uno de los problemas sociales más graves que nos enfrentamos. Es un hecho universal que no entiende de fronteras. En estos días donde las agresiones sexuales están a la orden del día, debemos dar un mayor énfasis a la educación en valores en la escuela y en la familia desde todos los ángulos, incluyendo el sexual, pues el hombre y la mujer son seres sexuados por naturaleza y si no se les enseña desde niños a discernir para saber utilizar correctamente el sexo, vamos a seguir teniendo personas que dan rienda suelta a sus bajos instintos sin tener el mayor respeto por la dignidad de la persona, banalizando el cuerpo y generando una cultura del placer, que cada día se generaliza más.