En el penal de Raiford, en Starke, al norte de Florida, Pablo Ibar sigue en el corredor de la muerte, una congoja que dura ya 18 años.
Pablo Ibar fue inculpado a la pena capital en julio del año 2000, por el triple homicidio de Casimir Sucharski, propietario de un local nocturno, y de dos maniquíes, Sharon Anderson y Marie Rodgers.
Fue condenado por un jurado que se basó en unas imágenes poco diáfanas que había grabado una videocámara que custodiaba la residencia de Sucharski. Ibar está luchando por probar que es inocente y que no se consideraron sus derechos constitucionales a lo largo de todo el juicio. Crítica al letrado de oficio que le defendió, Kayo Morgan, hizo mal su tarea. El propio abogado lo ha reconocido.
El mejor día de la semana, de Ibar, es el sábado. Ese mediodía se interrumpe la rutina con la visita de su mujer y su madre política. Desde que fuese sentenciado a la hora suprema, siempre acuden a la entrevista.
Sin embargo, no tuvo tanta suerte Carlos DeLuna que fue ajusticiado, se le aplicó una inyección letal. El profesor James Liebman, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, ha divulgado en el «Human Rights Law Review» su indagación. «He estudiado la pena de muerte en Estados Unidos y me he dado cuenta de que hay veredictos poco fiables y que han sido condenadas personas inocentes”.
En el caso de Carlos DeLuna, “empecé a examinar el testimonio del testigo principal. Tenía un investigador, donde tuvo lugar el crimen. Le pedí que intentase encontrar a Carlos Hernández”. Era el individuo que Carlos DeLuna dijo que había perpetrado el homicidio, y que los magistrados especificaron que era una quimera.
El investigador encontró a Carlos Hernández y que estaba vivo. Era quehacer del departamento de Policía llevar a cabo la pesquisa de Carlos Hernández y localizarle. Cuando Carlos DeLuna le dijo a su abogado que el asesino era Hernández, el letrado le solicitó a la Policía que se le buscase.
“El caso DeLuna terminó de manera injusta: un hombre inocente fue ejecutado y otro culpable quedó en libertad», concluye Liebman. Por otra parte, una insólita investigación efectuada en California, desvela que la cuantía por las ejecuciones de la pena de muerte, en dicho estado, ha sido de más de 4.000 millones de dólares desde 1978 por los costes de los procesos y los gastos del confinamiento en el corredor de la muerte. Florida es el segundo estado con más personas en el corredor de la muerte: 402. California es el primero con 723, asevera el rotativo «Palm Beach Post».
Y todo esto lleva a la siguiente cuestión: ¿qué debemos hacer con la pena de muerte? ¿Cómo se enmienda el atropello de haber administrado la pena de capital a un inocente? Debe ser abolida, en todo el mundo, la pena de muerte y aplicar la cadena perpetua revisable.
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