La versión española de Educación para la Ciudadanía: un asalto a la libertad de educación en Europa
Presentado el conflicto ante representantes de los 56 países de la OSCE.
Tal como estaba previsto, ha sido presentado el conflicto español de Educación para la Ciudadanía en la reunión que está celebrando en Varsovia la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE), una institución formada por 56 países de Europa, América y Asia.
Fuente: La Gaceta
La presentación ha corrido a cargo de Miguel Gómez de Agüero, en representación de Profesionales por la Ética y ha tenido lugar en dos ocasiones a lo largo de la jornada. En primer lugar, Gómez de Agüero ha protagonizado un evento organizado por el European Center for Law and Justice (ECLJ) en el marco de la Conferencia de la OSCE. En segundo lugar, el representante de Profesionales por la Ética ha intervenido ante las más de 250 personas que formaban la Asamblea plenaria de la OSCE.
La intervención, titulada «The spanish versión of education for ctizenship: an assual on freeedm of education in Europe» (La versión española de Educación para la Ciudadanía: un asalto a la libertad de educación en Europa) ha expuesto el conflicto ocasionado por la imposición de estas asignaturas en España, mostrando su carácter adoctrinador en frases textuales de los decretos oficiales y en libros de texto y materiales gubernamentales para la enseñanza de Educación para la Ciudadanía.
Gómez de Agüero ha expuesto igualmente las características de la movilización social provocada por esta agresión a la libertad de educación de los padres, las casi 55.000 objeciones de conciencia presentadas, las contradicciones en los tribunales españoles ante las más de 2.300 demandas promovidas por las familias y la situación actual del conflicto. «Mientras cientos de padres mantienen a sus hijos fuera de clase, se esperan las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La OSCE debe tomar conciencia de esta situación ya que las garantías para la protección de los derechos fundamentales de los menores y sus padres requiere la apertura de un debate que debe llegar a las instituciones internacionales para lograr una solución a la anomalía causada por el caso español de Educación para la Ciudadanía.
