Ley de Memoria Democrática

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Artículo de Emilio Montero Herrero

El Consejo de Ministros ha aprobado el envío a las Cortes de la ley de Memoria Democrática, una ley que deja al margen hechos trascendentales que se produjeron en aquel triste periodo de nuestra historia y que era necesario que los hubiera recogido para tener una visión completa de todo lo que sucedió.

Por otra parte, tampoco parece muy acertado el título de esta ley. Basta con analizar el sentido de las palabras que la definen. En primer lugar, memoria. La memoria es el recuerdo de lo que ha sucedido, pero todo, nos guste o no, nos agrade o no, nos parezca correcto o una aberración. La memoria es la verdad tozuda del pasado, el hecho que ya ha sucedido y permanecerá así hasta la eternidad. Y el vocablo democracia, desde que la inventaron los griegos, es algo inestable, cambiante, que depende del voto de la mayoría. Como sistema político crea leyes en base a las decisiones y votaciones de una mayoría de gobernantes, que a su vez han sido elegidos por una mayoría de ciudadanos. Por ejemplo, hasta 2010 era democrático en España identificar todo aborto con un delito, aunque en algunos supuestos estuviese permitido. Actualmente es democrático abortar libremente en las primeras 14 semanas de embarazo.

Entonces ¿cómo podemos tener una memoria democrática? La memoria, de por sí es objetiva, testigo fiel de lo sucedido, no puede estar en manos de ninguna decisión. Los grandes hitos y descubrimientos de la historia están ahí, firmemente afincados en el pasado. Y son reales, nos gusten o no. No pueden depender de una arbitraria decisión.

Esto sucede con esta la ley que se aplica solo a los hechos sucedidos a partir de 1936 y se olvida de las causas y sufrimientos que los provocaron, con lo que podría suceder, que al ser una ley partidista, con el tiempo se pueda cambiar, también democráticamente, como ya han anunciado algunos grupos políticos, que la califican como una lectura sectaria de la Historia y que presentarán recursos por considerar inconstitucionales algunos de sus artículos.

Y es que no se pueden dejar de lado otros acontecimientos que ocurrieron en aquellos terribles años, con centenares de checas, más de 50 centros de detención, 24 cárceles oficiales y decenas de lugares donde se procedía a las ejecuciones extrajudiciales. Que omitamos Paracuellos, Casas Viejas, el bombardeo de Cabra y los 10.000 sacerdotes y religiosos torturados y asesinados por el Gobierno republicano, entre ellos trece obispos, o los 3.000 laicos torturados y asesinados solo por el hecho de proclamarse católicos, con miles de iglesias incendiadas. En definitiva, que se pase inadvertido lo que pasó del 31 al 36, incluida la revolución de Asturias, o que Indalecio Prieto ordenara matar a Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, el gran detonante para que la guerra comenzara el 18 de julio.

No se puede transmitir la visión exclusiva de que en 1936 había un régimen democrático plenamente equiparable con el que hoy disfrutamos, y que unos señores malísimos se sublevaron contra él simplemente porque no les gustaba la libertad. ¿Qué pasa con los sentimientos de la otra mitad de españoles que sufrieron esos desmanes y tuvieron que defenderse para no morir?

Por otra parte, con esta ley se inicia también el desmantelamiento del monumental complejo del Valle de los Caídos. En todo caso, incluso resinificándolo y acogiendo diversas perspectivas, en este lugar siempre tiene que haber un templo, una basílica en la que se ore por el eterno descanso de los difuntos de ambos bandos y que sea referencia de esperanza para aquellos que quieran consolar su dolor.

Ya es hora de tratar estos deplorables acontecimientos con la perspectiva y el desapasionamiento que permiten los años transcurridos. Un gobierno no tiene autoridad para decidir cómo hay que recordar el pasado. No se puede condicionar la memoria personal a la que cada uno tiene derecho.

Todos somos partidarios de que hay que reparar a las víctimas y que haya leyes en este sentido, pero por qué no sacan de una vez por todas una ley que englobe todos los acontecimientos, las causas y los afectados y que se repruebe a los todos los responsables, no solo los de un bando, y cerrar definitivamente este episodio de nuestra Historia.

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