Ley Rodillo

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ARTÍCULO DE EMILIO MONTERO HERRERO

La reforma de la nueva Ley Celaá, norma que se pretende entre en vigor a partir de 2021/2022, registra más de un centenar de enmiendas, algunas de las cuales suponen un endurecimiento del proyecto de ley que ya eliminaba el principio de demanda social, es decir que veta el aumento de plazas aunque los padres lo pidan cuando haya cerca en un colegio público. Esto en la práctica suponía ya limitar la libertad de elección de las familias del modelo educativo que quieren para sus hijos, y suplantar, en favor del Estado, el papel educador que primariamente corresponde a la institución familiar.

Efectivamente, cuando la ministra Celaá afirmaba hace unos meses que los hijos no son de sus padres, anunciaba lo que estaba por venir. Si los hijos no son de sus padres, ¿de quién son? La pregunta encuentra su respuesta en la LOMLOE o Ley Celaá.

Ahora, con las enmiendas presentadas, pretenden suprimir por ley los conciertos para los colegios educación diferenciada, es decir aquellos que tienen aulas para niños distintas de las aulas para niñas. Parecen desconocer que tanto la UNESCO, como la Unión Europea, e incluso la LOE, amparan este sistema, que considera beneficioso para los procesos cognitivos que niños y niñas estudien en aulas diferentes. Y amparado también por el Tribunal Supremo en recientes sentencias.

Además, también pretenden que las actividades complementarias, como visitar un museo o ir a una granja escuela, etc., sean gratuitas y obligatorias, lo cual despierta el temor en la concertada de que dichas actividades acaben siendo talleres de sexualidad y de ideología de género, con el argumento de que forman parte de la programación, imponiendo la asignatura Educación y Valores Cívicos y Éticos, cuyo fin no es otro que el adoctrinamiento.

En cuanto a la asignatura de Religión, el proyecto mantiene la obligatoriedad de ofertarla en todos los centros, al no poder hacer otra cosa en virtud de los acuerdos con la Santa Sede, pero queda muy devaluada, puesto que no contará para la nota media y no tendrá otra asignatura equivalente para los que no la soliciten, por lo que quienes la cursen tendrán una materia más.

El texto de la ley ha contado desde el principio con la oposición de algunos partidos políticos y de sectores de la comunidad educativa: las organizaciones de colegios CECE y Escuelas Católicas, asociaciones de padres como CONCAPA y COFAPA –agrupadas en la Plataforma Concertados– y los sindicatos FEUSO y FSIE. Además, recientemente se han unido a las críticas distintos colectivos relacionados con la educación especial, que argumentan que el proyecto pretende colar de tapadillo un plan para cerrar progresivamente este tipo de centros.

Concluyendo, parece claro que esta reforma de la Ley de Educación, sin consenso alguno con los diferentes Agentes del Sector, pretende, sobre todo, restringir la libertad de las Familias a elegir el Colegio que deseen para sus hijos, asestando un duro golpe a la enseñanza concertada, la educación diferenciada y la educación especial.

Otro peligroso paso que da la Ley Celaá de Educación, con el que los partidos independentistas se frotan las manos, es que el castellano deje de ser vehicular en toda España. El párrafo que han pactado quitar dice lo siguiente: “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”. Para sustituirlo por otro más genérico, pidiendo que se garantice el dominio del español.

De esta forma se quita cobertura legal a los padres que en Cataluña quieran que sus hijos reciban educación en castellano. Ya que, primero, la Ley Celaá deja en manos de las comunidades con lengua “propia” en el caso de Cataluña, de la Generalitat, decidir qué se da en castellano y qué no. Segundo, si no se respetan los derechos lingüísticos, es la propia Generalitat la que tiene la potestad de inspeccionar quitando esta competencia a la Alta Inspección que es quien tenía esta capacidad hasta ahora. Y Tercero, como lógicamente el Govern va a hacer todo lo que pueda para que el español desaparezca de las aulas catalanas, se quita cobertura legal para dificultar que los padres puedan acudir a los tribunales a defender sus derecho, al quitar este párrafo de la ley.

En definitiva, una ley rodillo que no encuentra paralelismo en Europa y que pone en peligro la cohesión que el idioma común establece entre todos los pueblos de España.

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