P. Rodríguez/M. Poveda/La Razón/ReL)
El pasado 14 de enero, la votación del documento sobre derechos fundamentales de la Unión Europea redactada por el comunista italiano Giusto Catania sirvió para ilustrar la falta de unidad de los eurodiputados populares. De los 24 representantes, 12 votaron a favor del dictamen –Cristina Gutiérrez-Cortines, que en un principio se pronunció en contra, después corrigió su voto–, siete en contra –entre ellos el líder de la delegación, Jaime Mayor Oreja– y cinco se abstuvieron.
La redacción del texto por parte de un eurodiputado italiano de la extrema izquierda explicaría, para el parlamentario popular Fernando Fernández –que votó a favor–, que el informe sea ambiguo en sus términos y «refleje una orientación que era difícilmente corregible con enmiendas».
El problema que planteaba el texto es que englobaba en un mismo saco de «derechos fundamentales» algunos como la educación, la asistencia sanitaria o la libre circulación de ciudadanos, con otros como el aborto o la eutanasia, que se presentaban de manera vaga y definidos eufemísticamente.
Otras delegaciones del Partido Popular Europeo –como la italiana y la alemana– adoptaron una directriz de partido para votar en contra de la propuesta. No así la española, cuyo líder, Jaime Mayor Oreja, decidió finalmente conceder libertad de voto, al percatarse de que la posición mayoritaria entre sus compañeros era la del voto a favor.
Según fuentes consultadas por este periódico, la decisión de dar voto libre a los eurodiputados del PP español se adoptó porque, a juicio de Díaz de Mera, miembro de la comisión, los contenidos no resultaban problemáticos, ya que todos los temas estaban más desarrollados en la legislación española que en la resolución. De hecho, en el artículo 166 de la resolución, el que habla sobre la eutanasia, algunos diputados entendieron que se trataba de donación de órganos en vida porque hacía alusión al convenio de Oviedo. No obstante, ante lo equívoco de este artículo que habla de que «se garantice el derecho a la dignidad al final de la vida», el pleno de los populares –salvo Íñigo Méndez de Vigo– se opuso nominalmente al artículo.
Varios eurodiputados recapacitaron y ayer lamentaron no haber profundizado en la materia y haber mantenido una postura de grupo en la votación: «La delegación española tendría que haber hecho un esfuerzo por tener una posición única», dice Fernández, que voto explícitamente en contra del artículo referido a la eutanasia «porque era consciente de la ambigüedad con la que estaba redactado».
Los europarlamentarios se pusieron en contacto con este periódico por medio de una carta en la que aclaraban que la polémica resolución «carece de valor vinculante o legislativo» y precisan «que en ningún momento han votado a favor del aborto, la eutanasia, los matrimonios homosexuales y el consumo o despenalización de las drogas», puesto que la interpretación que hicieron del texto de la resolución no entendía que estuvieran apoyando este ideario.
«El informe defendía otros muchos valores que hacían que mereciera la pena», explica la eurodiputada Cristina Gutiérrez-Cortines, que hizo corregir su voto en contra por uno a favor, en el acta final. Salvador Garriga señala que defendió el informe «por no restringir otros derechos, ya que se hablaba de muchas cosas», aunque deja claro que ejerció su voto nominal para vetar los párrafos que hablaban de eutanasia y de los matrimonios homosexuales.
Interpretación distinta
Por su parte, Alejo Vidal Quadras, que también apoyó la resolución, explicaba ayer su postura «en contra de la ley de plazos para el aborto, de la eutanasia activa y de denominar matrimonio a la unión de parejas del mismo sexo». Según el eurodiputado, en ningún momento entendió que al votar a favor estuviera defendiendo el aborto libre o la eutanasia, sino que tenía que velarse por las mujeres, la educación sexual o por evitar embarazos no deseados o abortos ilegales».