La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas criticó la declaración del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires a favor del aborto y señaló que esta práctica no se puede despenalizar porque los tratados internacionales firmados por Argentina la obligan a respetar la vida humana desde la concepción.
Fuente: La Gaceta
La Academia se pronunció en el marco de la presentación de un proyecto sobre el denominado «aborto no punible» en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
En su pronunciamiento, la Academia recordó que las excusas absolutorias previstas en el artículo 86 del Código Penal, «que se intenta ampliar en el proyecto de ‘aborto no punible’ (…), fueron incorporadas al mencionado ordenamiento punitivo» a propuesta de una comisión del Senado en 1919, que se basó «en doctrinas eugenésicas y racistas que se encontraban en boga» y que sirvieron de sustento al régimen nazi en Alemania.
Dicha comisión, recordó, propuso permitir el aborto cuando una mujer «idiota o demente», resultara embarazada producto de una violación, para evitar que «nazca un ser anormal o degenerado».
Sin embargo, señaló el texto, Argentina firmó años más adelante tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que niño es «todo ser humano desde el momento de su concepción». Este tratado, advirtió, tiene rango constitucional y por tanto dejó «tácitamente derogadas todas las normas de nivel nacional, provincial o municipal que las contradigan».
«En el derecho argentino no es posible excusar y menos justificar ningún atentado directo contra la vida de un niño desde la concepción. En consecuencia, las excusas absolutorias del artículo 86 del Código Penal (…), han quedado sin efecto a partir de la vigencia de las normas de jerarquía constitucional ya citadas», afirmó.
En vista de este y otros argumentos, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, hizo un llamado a la Universidad de Buenos Aires, a la Legislatura y Gobierno de Buenos Aires, y a la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación, a acatar estrictamente «las normas con jerarquía constitucional que amparan la vida humana inocente desde la concepción hasta la muerte natural».